Lic. Gisela Santacruz Santacruz
La democracia actual –particularmente en lo que se refiere al Poder Legislativo- ha significado que
las decisiones de quienes ostentan la mayoría se impongan a los otros sectores
de la sociedad. Un análisis sobre cómo se ha integrado el Congreso del Estado de Tlaxcala en los últimos veinte años, ha
permitido observar que el poder político
en su interior se sigue disputando entre las tres principales fuerzas políticas
del país: PRI, PAN, PRD (ANTES DEL 2017).
El resto de los partidos políticos tienen una escasa –casi nula- representación
y a pesar de los procesos electorales y el proselitismo, los partidos políticos
no han llegado a consolidar su autonomía y fortaleza para convertirse en una
auténtica oposición.
La actual legislación contiene una
serie de fórmulas y cálculos matemáticos con los que se realiza la asignación
por representación proporcional, los cuales
deberían permitir el fortalecimiento de los partidos que son
minoritarios. Sin embargo, dicha normatividad está diseñada para
fortalecer a las mayorías. La fórmula de representación fortalece a
quienes más votos obtienen, por lo que, al realizar la integración de la Legislatura
no existe una compensación de fuerzas, en donde las minorías obtengan por la
vía de la representación proporcional, la posibilidad de compensar la asimetría
de fuerzas. Estas situaciones obligan a los partidos minoritarios a negociar, generando alianzas con los que
mayor representación tienen, para así, poder ser partícipes de las decisiones.
Para ello los legisladores de los grupos parlamentarios
minoritarios terminan cediendo a acuerdos y conductas que los acercan a
liderazgos transaccionales. Esta situación adversa termina por anular los
intereses de las minorías parlamentarias ahí representadas y hace más propicio
el surgimiento de intereses particulares ajenos al bien común.
Por otra parte, si se habla
de otros sectores como las comunidades indígenas, campesinos, la comunidad
LGBTTI, ambientalistas, entre otros; la situación es aún más dramática debido a
que incluso el hecho de militar en un partido político no garantiza que lleguen
a formar parte de la representación popular.
Norberto
Bobbio señala en El Futuro de la Democracia que ésta forma de gobierno toma a los
individuos en su papel general de ciudadano, pero no en los diversos roles que
fungen dentro de la sociedad; por esta razón es que las demandas de los sectores minoritarios carecen del
impulso y representación necesaria.
En el peor de los escenarios se requieren legisladores auténticamente comprometidos con
esas causas, incluso si ellos mismos no forman parte de estos grupos. Porque,
parafraseando al ex magistrado del Tribunal Electoral Federal, Manuel
González Oropeza, durante la presentación del libro Hacia una Democracia Paritaria.
La evolución de la Participación Política de las Mujeres en México: No
se necesita ser mujer para entender los derechos de las mujeres, como no se
requiere ser parte de un pueblo indígena para reconocer sus derechos.
En la búsqueda de que más sectores
sociales se encuentren representados en las cámaras, dotándolas de mayor
pluralidad, desde 1977 se han llevado numerosas reformas electorales. Pese a que efectivamente más partidos
políticos tienen legisladores, la realidad es que suelen ser tan pocos que
no significan una auténtica fuerza para quienes los eligieron y sus
necesidades. Asimismo, se requiere que los legisladores, aunque sea sólo uno
por partido, tengan la misma posibilidad para integrar los órganos de gobierno
interno, presidir comisiones ordinarias y ser en sí mismo una opción de
argumentación, un equilibrio en las relaciones de poder entre grupos
parlamentarios y para la división y
autonomía ante el Ejecutivo Estatal.
De acuerdo a la teoría política, los
diputados son la representación de la voluntad popular y deben velar por los
intereses no sólo de quienes hicieron posible su triunfo, sino de todos los
ciudadanos que habitan dentro de la demarcación que representan.
Sergio Fabbrini explica en El Ascenso del Príncipe Democrático: Quién
Gobierna y Cómo Gobierna las Democracias, que el voto iguala; en
consecuencia, tanto quienes acceden al ejercicio del gobierno como quienes
fungen como diputados deberían desprenderse de lo más posible de su filiación
para cumplir con sus obligaciones. No obstante, la escasa representación se
convierte en un problema para alcanzar acuerdos y los legisladores terminan por
atender intereses particulares o de los partidos por los que fueron postulados.
Bobbio
reconoce que los representantes poseen dos características; por un lado gozan de la simpatía del electorado
y por otro, una vez elegido no es
directamente responsable frente a esos electores. Entonces, si no
tienen esta vinculación con quienes les dieron la tarea de representarlos, ¿qué
intereses representan?
Una forma primigenia de la
organización en el Congreso son los grupos parlamentarios; es decir que los
diputados se reúnen de acuerdo al partido político que los postuló o con el que
se identifican. En términos del artículo
63 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala “…A través de ella se impulsan los
entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos,
necesarios para alcanzar acuerdos que lleven al Pleno a adoptar las decisiones
que constitucional y legalmente le corresponden.”
En la mayor parte de las ocasiones,
es el coordinador quien guía las
decisiones del resto del grupo
parlamentario; es decir, es él o ella quien da la indicación de votar a
favor o en contra de determinada iniciativa, ésta persona suele estar en
contacto directo con la dirigencia de su instituto político e incluso llega a
ser su dirigente. Tal situación lleva a
preguntarse hasta dónde son los legisladores representantes de los ciudadanos o si actúan como subordinados del partido político al que pertenecen. Por
esta razón se hace latente la necesidad de profundizar en la legislación que
rige la vida institucional del Congreso de Tlaxcala, de manera que los
principios que rigen su orden interno, su relación con el instituto político
del cual emanaron y con los otros poderes del Estado, no sean un obstáculo para
el desempeño de sus funciones.
Bajo el principio de la división de
poderes, subyace la idea de que ninguno de éstos debe cobrar mayor
relevancia que los otros; sino que deben trabajar de forma sinérgica para
cumplir su deber con la sociedad. Sin
embargo, en tanto no se hagan las adecuaciones que ya se han mencionado,
seguirá habiendo un legislativo debilitado en su organización interna e incapaz
de hacer frente a los embates de las fuerzas externas.
