Los elementos humanos del Estado, que son la población y el gobierno, tienen en todo tiempo la corresponsabilidad de construir, de conocer y de respetar el sistema normativo que regula la convivencia y las relaciones de los ciudadanos entre sí y con las entidades públicas. No se trata de evadir responsabilidades, los problemas de la sociedad son, en primera instancia, responsabilidad del gobierno y de todos los líderes sociales, pero finalmente todos los que componen una organización social deben contribuir al mejoramiento de la colectividad y de cada uno de los miembros que la componen.
Las relaciones sociales, por numerosos factores, se encuentran presionadas ante la falta de equidad y el déficit de legalidad que el ciudadano común tiene con respecto al orden normativo, sin observar que la violación de la ley altera la armonía social y perjudica sin duda al agraviado, pero al mismo tiempo a la sociedad entera. Las reglas no escritas establecidas por la costumbre son parte sustancial del sistema y de la cultura política de esa sociedad. En nuestro caso, durante mucho tiempo esa cultura política dominó también la vida jurídica del país.
En materia de cultura de legalidad, sigue vigente entre nosotros la vieja tradición de negociar políticamente la ley; Estas prácticas impiden que la organización colectiva de la sociedad establezca los parámetros de un cambio cultural. La idea de cumplir la ley porque es la representación del interés general fue sustituida por la idea de que el más hábil es aquel que la burla. Por desgracia también se alienta la falsa creencia de que la ley defiende al fuerte, quien además tiene dinero y poder político.
Una encuesta establece en la mayoría de los entrevistados una actitud proclive a la obediencia y respeto de las leyes aunque ello no significa que no puedan ser transformadas en virtud de "la voluntad general". Así, 46% cree que "el pueblo debe obedecer siempre las leyes"; 24.9% está de acuerdo en que "el pueblo puede cambiar las leyes si no le parecen", y 23.2% señala que "éste (el pueblo) puede desobedecer las leyes si le parecen injustas". El contraste en la percepción de universalidad de la ley y el ejercicio de su aplicación en la realidad evidencia tensiones en la cultura jurídica de la población, estas tensiones se expresan en los resultados a la pregunta si una comunidad tiene o no tiene el derecho de tomar el castigo en sus manos, en el caso de un homicidio donde las autoridades no actúan al respecto. Al fracasar el Estado como proveedor de un mínimo de seguridad para la convivencia social, la legitimidad de éste y su capacidad de gobierno se ven amenazadas, los problemas de seguridad significan riesgos para la gobernabilidad democrática del país.
DGIE BUAP. (s.f.). Buap.blackboard. Recuperado el 17 de 11 de 2016, de https://buap.blackboard.com/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_25928_1&content_id=_974016_1&mode=reset
