El sistema presidencialista mexicano
Construye condiciones propicias para un ejercicio autoritario del poder. La falta de una autentica división y equilibrio de poderes llevan a la práctica de políticas clientelares que permiten la generación de simpatías electorales, al amparo de otorgar subsidios a través de condiciones de pobreza y pauperismo sostenidas. La subordinación de los legisladores a los intereses de sus dirigencias partidarias, como requisito para la continuidad de su carrera política, los conmina a no ejercerse con autonomía y los lleva a un desempeño lejano a la voluntad de sus electores. La concentración de recursos y el enorme espacio de decisión que ejerce el titular del Poder Ejecutivo, le permite fácilmente generar condiciones de inequidad, divisionismo y confrontación entre quienes deberían mantener desde la unidad, el papel de oposición.
La
historia política de México desde la transición
presidencial del año 2000, ha dado cuenta que el problema de la división y
equilibrio de poderes, no radicaba en la formación política de quienes durante
más de sesenta años ganaron la
Presidencia de la República. No se trataba de un presidencialismo partidista, sino de un régimen que degenero de
forma sistémica, por lo que, quien ocupara la titularidad del Poder Ejecutivo estaría replicando las
mismas conductas. El Presidente de la República construyó las mayorías
necesarias para la aprobación de sus iniciativas de ley, del Presupuesto de
Egresos de la Federación y de personajes con afinidad política a su proyecto
personal y de gobierno para que fueran integrados en organismos autónomos.
Dichas mayorías fueron construidas con prácticas de corte antidemocrático y
llevaron a la configuración de mayorías hegemónicas. Las cuales se ejercieron imponiendo
proyectos al amparo de su fuerza numérica e ignorando el debate y la
argumentación.
La falta
de una ingeniería constitucional y normativa en la práctica parlamentaria
facilitó estas conductas. En los estados de la federación estás condiciones y
comportamientos han sido replicados en idéntica manera. El federalismo no es
solamente una estructura de gobierno y administrativa, sino que también ha
funcionado como un espacio de fortalecimiento o debilitamiento de la democracia
en escala. Los gobiernos estatales se han ejercido como feudos de poder,
reproduciendo los comportamientos antidemocráticos de la institución
presidencial.
La transición a la democracia se gestó de
forma ascendente gracias a nuestro sistema federalista. Los gobiernos
municipales y los ayuntamientos fueron las primeras células de poder que
albergaron la pluralidad en el ejercicio del poder y el conflictivo proceso
para la toma de decisiones políticas. Los gobiernos estatales se constituyeron
como el segundo espacio de poder en donde la lucha electoral concluyó con
resultados que comenzaban a favorecer a candidatos postulados por partidos
políticos de oposición.
En la gran
mayoría de éstos el transfuguismo
político era la constante dentro del perfil de los candidatos a
gobernadores y por la vía de la competencia electoral, los partidos de
oposición usaron las alianzas, coaliciones y candidaturas comunes como los
mecanismos que permitían la unidad de fuerzas necesarias para vencer al Partido
Revolucionario Institucional. Con ello se mostró una nueva correlación de
fuerzas en cada Estado. Cada entidad federativa se consolidó como una realidad
política particular.
Los
gobernadores de la alternancia tuvieron que aprender a desarrollar mecanismos
que les permitieran gobernar y alcanzar sus proyectos políticos con congresos
Locales en los que no tenían mayoría. La transición política en México
–consolidación- implica hacer cambios en el sistema político para que la
democracia se refleje en políticas públicas eficientes y gobernabilidad. Juan
Linz sostiene que los presidencialismos son formas de gobierno frágiles para
condensar la democracia. No
obstante, los gobiernos divididos pueden ser eficaces si se promueven las
reformas necesarias para lograr las mayorías y bipartidismos necesarios. Sartori habla de la necesidad de modificar el
sistema electoral mexicano para lograr las mayorías necesarias que permitan
dicha gobernabilidad democrática.
