Poder Legislativo
El Poder Legislativo concentra entre sus principales atribuciones la de generar y modificar leyes y el texto constitucional, así como la de ejercer funciones de fiscalización y con ellas ser un importante contrapeso frente al Poder Ejecutivo, con el propósito de evitar de forma proactiva, una conducta autoritaria o corrupta de dicho poder a través de sus instituciones.
En la teoría política se expone que
el Poder Legislativo representa al
cuerpo electoral en toda su pluralidad. De ahí que sea un poder, que si
bien, se supone unificado, en la realidad muestra un comportamiento conflictivo
por los grupos parlamentarios que lo integran y que la mayoría de las veces son
intereses contrapuestos. A diferencia del Poder
Ejecutivo en donde la unidad de mando se deposita a una sola persona, el Poder Legislativo debe pasar constantes
pruebas de consenso para la integración de sus órganos de gobierno y para el
desarrollo del propio proceso legislativo.
La historia política de México se
desarrolló preponderantemente en una serie de reformas electorales y en la
lucha por el poder que tenía como objetivo generar una alternancia que se
suponía llevaría a la transición democrática. No obstante, esto no significo el
inicio de la democratización de las instituciones, la clase política de México
solamente se concentró en los derroteros de la democracia electoral pero no en la democratización de la gestión
pública.
En 1933[1] se aprobó la reforma que
prohibió la reelección consecutiva de
legisladores. Esto fue un mecanismo que permitió la degeneración de nuestro régimen presidencial. Fue una reforma
generada desde la hegemonía legislativa
del Partido Nacional Revolucionario. Con ello el Poder Ejecutivo y el
Partido en el poder generaban una arquitectura institucional que estaba
diseñada para lograr la permanencia ininterrumpida de un sólido consenso de
grupos que tenían un acuerdo implícito en mantenerse en el poder y permitir la
rotación de este, entre ellos exclusivamente. La reforma no solo limitó las
expectativas de una carrera
parlamentaria para muchos legisladores, sino que también elimino el derecho
de los ciudadanos a poder incentivar o castigar a través del sufragio a sus
representantes camerales. Con ello, los legisladores concluyeron que para la
consolidación de una carrera política, resultaba de mayor importancia la
disciplina partidaria y la sumisión ante el Poder Ejecutivo, que la rendición de cuentas o la interlocución con
los electores que lo habían electo para representarlos.
