Sin la búsqueda de la unanimidad, pero sí, de la integración mayoritaria
de las fuerzas políticas, la democracia
legislativa debería considerarse fortalecida. En caso contrario estaríamos
ante un fenómeno que para efectos de la presente investigación denominaré hegemonía legislativa la
cual defino como: “Mayoría parlamentaria que excluye de forma sistemática y facciosa a
las minorías legislativas”. Este
fenómeno se presenta cuando un grupo de legisladores puede por sí mismo aprobar
en el Pleno del Poder Legislativo asuntos relevantes como: el presupuesto de
egresos de la entidad, la cuenta pública de los poderes del Estado, la
designación de servidores públicos que integrarán los organismos autónomos, reformas
a leyes secundarias y constitucionales y la integración de los órganos de
gobierno de la Legislatura. Por lo que,
al hacer la mayoría que marca la legislación, excluyen de la toma de
decisiones, el debate parlamentario y de la participación en comisiones y
órganos de gobierno de la Legislatura, a los diputados que conforman la (s)
minoría (s) del congreso estatal. Debe destacarse que en las categorías mayoría y minoría legislativa, no se
hace alusión al concepto de “oposición
política” ya que si bien la transición en el ejecutivo estatal de Tlaxcala,
se genera desde la elección de 1998, esto no significó la consolidación del
principio de división y equilibrios de poderes.
No resultó necesario para los gobernadores en turno, contar con una mayoría
integrada por diputados de su misma filiación partidaria, cada ejecutivo
estatal ejerció en la praxis política
una conducta intervencionista que busco la subordinación
del Poder Legislativo. Es importante precisar que el principio de división
de poderes no pretende que cada uno de ellos actúe distante de los demás. A
pesar de que cada poder tiene su propia esfera de competencia y es soberano
respecto a los demás; la ley indica determinados espacios de colaboración,
complementación o aprobación. Así se hace palpable el sistema de pesos y
contrapesos. El legislativo asume la responsabilidad de diseñar leyes con las
cuales pueda regular no sólo la actuación de la ciudadanía, sino de los órganos
del Estado; incluido el Ejecutivo, Judicial y el propio Congreso. De ahí la
relevancia y responsabilidad que conlleva formar parte de él. Al respecto Ernesto González Negrete comenta lo
siguiente:
“El legislativo
o parlamento debe tener más autoridad que el ejecutivo porque es el espacio donde confluyen las distintas
fuerzas y actores políticos, donde se debate en torno a las cuestiones más
importantes de la sociedad y para la nación, donde se fraguan las alianzas, las
rupturas y los acuerdos que se traducen en hegemonía, pues define cuál de los
proyectos sociales es el hegemónico.”[1]
[1] González Negrete, Ernesto. Hegemonía,
ideología y democracia en Gramsci. Plaza y Valdés, México, 2003; p.32